La presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía confía en que la paridad en los puestos de responsabilidad de los despachos cale

Margarita Cerro, o Marga Cerro, como firma habitualmente, lleva casi dos años presidiendo la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía (CGAE). El salto desde su hábitat natural, el Colegio de Abogados de Talavera de la Reina, donde ejerce de decana desde 2014, vino impulsado por la apuesta de la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, para posicionar la igualdad en el eje central de la estructura institucional.

Aún queda camino. Según el último Barómetro interno del CGAE, las abogadas siguen sintiendo que lo tienen más difícil que sus compañeros hombres. Marga Cerro confía en que premisas como la paridad en los puestos de responsabilidad está calando y es exigida como parte esencial de la gobernanza de las empresas conforme a los nuevos mandamientos ESG (enviorement, social & governance). “Ya no son aceptables los tablones de fotos de directivos en los que no hay mujeres o su presencia es testimonial”, afirma. En la lucha institucional, le duele admitir que siguen reclamando medidas tan evidentes como que se suspendan los juicios mientras que los letrados estén de permiso de maternidad o paternidad. “Estamos siendo muy contundentes con esto, y, más aún, con la suspensión de los plazos en estas circunstancias”, asegura. “Parece absurdo tener que reclamar algo así, pero es como estamos... no debemos olvidar que sin conciliación y sin corresponsabilidad no existirá igualdad real y efectiva”.

En las jornadas de Bilbao, Cerro intervino en el debate sobre la publicidad de los letrados, una cuestión que arrastra polémica. Sobre todo, por la oferta de servicios por precios que algunos consideran irrisorios. “Cobrar 150 euros por un divorcio es, o bien publicidad engañosa o bien denigrante para el trabajo de los abogados”, afirma la decana. Cree que estos casos deben ponerse en conocimiento de los colegios para que “tomen cartas en el asunto”. Este tema tiene mucho que ver, asevera, con la calidad del servicio, prioritario para colegios y Consejo. De hecho, “en las Juntas hemos hablado mucho de la importancia de la formación y actualización permanente”. “Necesitamos abogados y abogadas que sepan muy bien lo que se traen entre manos”, enfatiza.

Aún así, considera que los ciudadanos no se dejan engañar, y “cuando le ofrecen un divorcio por 150 euros saben que hay gato encerrado”. Quienes no tienen recursos, recuerda, pueden divorciarse “a través de nuestro sistema de justicia gratuita”. Una fórmula cuyo peso cae sobre los abogados de turno de oficio, que siguen reivindicando una remuneración digna. A este respecto, Marga Cerro asegura que “aproximar el pago del turno a los costes reales ha sido y es una de las reclamaciones constantes de la Abogacía”. “Hace sólo tres años crecieron más del 20% y, aun así, siguen suponiendo poco más que los gastos que generan a quienes atienden las guardias”, lamenta. La Abogacía clama por una nueva Ley de Justicia Gratuita (la actual es de 1996) que ajuste los baremos a los costes profesionales reales, “y, de paso, una misma remuneración para todos”.

Defensora de la relevancia de la profesión, Cerro apunta en clave de futuro hacía la extensión de la llamada “abogacía preventiva”, o “la práctica cotidiana de la consulta jurídica previa para evitar problemas a posteriori”. Frente a aquellos que dicen no sentirse representados, tira de cercanía y transparencia: “Quien quiere decirle algo a la decana no tiene que inventarse un perfil falso de Twitter, basta con escribirme un correo o llamarme por teléfono”.

Font: CincoDías