04/10/2022
La reforma penal que castiga con más dureza la reincidencia en los hurtos ha encallado en los juzgados apenas un mes después de entrar en vigor. La norma plantea una serie de trabas que, en la práctica, dificultan su aplicación, según varios jueces de instrucción de Barcelona y Madrid. Estos magistrados explican a EL PAÍS que la reforma puede provocar la suspensión de juicios y, de forma paradójica, episodios de impunidad para los carteristas.
El Congreso aprobó en junio una reforma del Código Penal para atajar la multirreincidencia, que afecta especialmente a las grandes ciudades. El hurto es un delito leve y se sanciona con multa cuando lo robado no supera los 400 euros. La reforma incorpora un añadido: si el sospechoso ha sido condenado anteriormente en sentencia firme por al menos tres delitos leves y la cantidad sustraída en esos antecedentes supera en total los 400 euros, entonces ya incurre en un delito mayor: de leve pasa a menos grave. En lugar del simple pago de una multa, afronta entre seis meses y un año y medio de cárcel.
La iniciativa legislativa fue alumbrada, en parte, en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, que trabajó durante meses con ayuda de jueces y fiscales. El Gobierno acogió el planteamiento general. "La filosofía es buena, pero la inclusión de esa referencia a los 400 euros en los antecedentes genera un grave problema de aplicación", explica el penalista Jorge Navarro.
El problema principal radica en la incapacidad de los juzgados para acreditar, con la velocidad suficiente, si la suma de las sentencias dictadas con anterioridad rebasa el umbral de los 400 euros. Los profesionales del derecho consultados ponen ejemplos del día a día: la policía detiene a un individuo mientras hurta algo que no supera los 400 euros. Le pone a disposición del juzgado de guardia, que le cita para un juicio inmediato por delito leve. "En una guardia de Madrid, podemos tener entre 15 y 24 hurtos. En una mañana podemos sentenciar una veintena de delitos leves. Es una respuesta muy eficaz", explica Carmen Rodríguez Medellín, titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid. Pero a partir de ahora, con la reforma, es imprescindible consultar los antecedentes del detenido para comprobar si tiene o no el mínimo de tres sentencias con más de 400 euros robados.
El problema es que en la hoja histórico-penal que los funcionarios y los jueces pueden consultar en la intranet figuran las sentencias, pero no las cantidades hurtadas. "Has de solicitar una copia auténtica de las sentencias. Y los juzgados pueden tardar semanas en remitirla. Pero hay otro problema: en muchas sentencias no consta la cantidad, porque tradicionalmente no siempre se ha peritado el objeto hurtado", resume Francisco González Maíllo, titular del Juzgado 11 de Barcelona.
"Podemos encontrarnos con un aluvión de suspensiones", advierte la magistrada Rodríguez. Las suspensiones, señala esta jueza, pueden conducir a la "impunidad", o sea al efecto contrario del que pretende la norma. "Imaginemos que, al cabo de un mes, tengo las sentencias con los antecedentes y lo hurtado suma solo 250 euros. En ese caso, tengo que localizar al denunciado y citarle para una fecha. Pero muchas veces esa localización es imposible. Y si no la logramos en un año, el delito leve prescribe", explica.
Redacció: Jesús García
Enllaç:
Font: www.elpais.com
