En 3 años, el fraude ha costado alrededor de 500 millones de euros a las arcas de la UE

Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea se reunieron ayer en Bruselas para de batir la creación de una Fiscalía Europea que tendría como cometido combatir las infracciones contra los intereses financieros de la Unión.

La postura de España ha sido clara: se trata de una iniciativa que implica un “trascendental avance en la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE”. Y es que, el fraude al presu puesto comunitario, ha costado en los últimos 3 años en torno a 500 millones de euros a las arcas de los Veintiocho.

Ahora bien, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha apostado por la creación de un órgano colegiado en lugar de uno unipersonal. En concreto, frente al modelo personalizado que nombraría el Consejo con el consentimiento del Parlamento Europeo

que propone la Comisión Europea, un grupo de diez países, entre los que se encuentra España, defienden una estructura colegiada. De este modo, explicó Gallardón, las actividades de investigación, la adopción de medidas urgentes, las transacciones y el ejercicio de recursos ante los tribunales nacionales recaerán de modo ordinario sobre los Fiscales Europeos Delegados.
 

Además, según la propuesta española, el control jurisdiccional de los actos de la Fiscalía Europea quedaría encomendado a los jueces y tribunales nacionales, por lo que esta entidad tendría consideración de autoridad nacional.

La propuesta de una Fiscalía Europea viene de largo. Ya en octubre de 2013, la mayoría de países de la Unión se mostraron a favor de esta iniciativa en el marco de un consejo de ministros de Justicia. Los eurodiputados respaldaron la propuesta por 19 votos a favor 4 en contra. La constitución de esta Fiscalía supondrá el reconocimiento mutuo de resoluciones, la cooperación judicial entre Estados o la armonización de infracciones y sanciones.