M. A, de 41 años, sin empleo y madre de dos pequeños, fue una de las afectadas por la revisión masiva de los expedientes de beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en 2011. La Generalitat le quitó la ayuda porque tenía 3.000 euros en una cuenta, los ahorros de su vida. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le ha dado la razón y el Departamento de Empresa y Ocupación tendrá que indemizarla por los seis meses que no recibió 463 euros que le correspondían. El Tribunal certifica que “la propia Administración demandada reconoce la improcedencia de la suspensión, a pesar de lo cual insiste en la legalidad del acto administrativo impugnado”, dice la sentencia. “Si tienes un derecho, hay que defenderlo”, asegura, desde su piso en Santa Margarida de Montbui (Anoia).