Un 70% de los litigios del Estado con las comunidades autónomas "acaba en acuerdo" antes de llegar al TC

22/08/2014
Romero reconoce que es "muy complicado" unificar la Administración porque hay "miles y miles" de entidades públicas en todo el Estado



El director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), Juan Ignacio Romero, ha asegurado que un 70% de los litigios del Estado con las competencias de las Comunidades Autónomas "acaba en acuerdo" antes de tener que presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
 

Así, ha asegurado que los acuerdos los proponen tanto el Estado como las autonomías antes de llegar al punto de presentar este recurso, "que parece que se pone de un día para otro, pero el Estado necesita el menos un mes para poder interponerlo", según precisa Romero, que añade que "todo recurso de inconstitucionalidad tiene que pasar por el Consejo de Estado".


No obstante, reconoce que el grado de litigiosidad es "muy alto" en materias como la Sanidad, la supresión de la paga extra a los funcionarios o la Ley de unidad de mercado, que ha sido "recurrida hasta la saciedad". "Realmente tenemos una litigiosidad importante y tratamos de reducirla", ha comentado, al tiempo que aclara que en algunas ocasiones "no queda más remedio que interponer un recurso directo".


En este sentido, Romero ha defendido que la Conferencia Sectorial es un "instrumento fundamental" en la cooperación, colaboración y coordinación entre el Estado y las CCAA porque en estas reuniones de un ministro con los consejeros correspondientes de las Comunidades Autónomas "acaba siendo un acto de mucha trascendencia, pero lleva un trabajo técnico de meses detrás, y funciona bastante bien".
 

De hecho, ha afirmado que el grado de litigiosidad "se reduce de forma drástica" cuando una Conferencia Sectorial "funciona muy bien" y si no existiesen estos mecanismos "habría que multiplicar la litigiosidad por tres o por cuatro". Así, señala que los funcionarios del Estado y los de las autonomías "trabajan codo con codo", por ejemplo, para las Conferencias Sectoriales educativas.


"Luego, políticamente, se venderá lo que se quiera vender, pero el hecho cierto es que funcionan y se es muy respetuoso", ha zanjado en su intervención en el encuentro 'La transformación de las Administraciones Públicas: nuevos modelos de gestión', que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.


400 NUEVAS NORMAS AUTONÓMICAS CADA AÑO


De igual forma, ha incidido en que el proceso de reforma y racionalización de las Administraciones Públicas "no debe ser un roto" y "no se trata de judicializar todo", por lo que ha calificado de "esencial" la cooperación, coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas en el Estado autonómico español.


De este modo se ha referido a la delimitación de competencias "exclusivas" del Estado --como las Fuerzas Armadas-- y compartidas con las autonomías con respecto al Gobierno central --Medio Ambiente--, en base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por este motivo, que se suma al alto porcentaje de casos en los que se evita presentar recursos de inconstitucionalidad, asegura que "existe el principio de lealtad institucional y funciona bien".


Asimismo, Romero ha señalado que hay una comisión de seguimiento de las normativas autonómicas para vigilar el cumplimiento o incumplimiento de las competencias y, en este sentido, ha precisado que cada día se detectan entre 30 y 40 nuevas normas, lo que supone que al año hay más de 400.


VINCULARIDAD JURÍDICA, EL "GRAN PROBLEMA" DE LAS SECTORIALES


Romero, coordinador de la subcomisión de Administración Institucional de la CORA --una de las cuatro subcomisiones de la cita comisión--, ha reconocido, no obstante, que "el gran problema" de estas conferencias es la vincularidad jurídica de sus acuerdos porque las decisiones que se toman son "más políticas que jurídicas o administrativas". Por ello, ha señalado que se está estudiando cambiar esta vincularidad, pero afirma que es el "exponente más claro" de las interrelaciones entre el Estado y las autonomías.


Asimismo, ha hecho un repaso de las seis propuestas finales de esta comisión --CORA-- en 2013, por ejemplo, sobre la revisión de las fundaciones públicas que "tenían funciones administrativas de policía o inspección", y ha recordado que actualmente se encuentra en trámite la elaboración del proyecto de la nueva Ley de procedimiento administrativo, una "nueva ley 30.92 con la diferencia de que van a ser dos".


"Será por una parte la Ley de procedimiento administrativo, que tiene por principal cometido actualizar jurídicamente el proceso administrativo y el ámbito de la administración electrónica. Y también, lo que quizás nos afecta a nosotros, una Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas", ha precisado, al tiempo que ha destacado que el "gran problema" y los "grandes quebraderos de cabeza" aparecen con qué hacer con el personal de los entes públicos que desaparecen o se fusionan.


El objetivo de estas reformas, ha recordado, es "unificar" el régimen de todas las Administraciones en base a los artículos 149 y 150 de la Constitución, pero reconoce que es una "cuestión complicada" porque hay "miles y miles de entidades".


Por este motivo, se ha mostrado partidario de "mantener dos o tres tipos de organismos públicos, los llamemos como los queramos llamar". "Una Administración pura y dura con una preponderancia de sujeción al Derecho Administrativo y de servicio público, y otra más de índole mercantil o comercial", ha precisado.
 
 
 
 
Font: Lavanguardia.com