Santander mantendrá la gestión de los depósitos y fianzas de la Justicia

12/04/2018
El Ministerio busca banco para varias cuentas judiciales que acumulan más de 4.000 millones.

 

Santander tiene todas las papeletas para revalidar su posición y mantenerse como el banco del Ministerio de Justicia para las cuentas de depósitos y las consignaciones judiciales, cuyo importe administrado asciende a 4.155 millones de euros.

Santander y BBVA presentaron su candidatura inicial al concurso abierto por Justicia para contratar este servicio por cuatro años a partir del 1 de enero de 2019, pero BBVA retiró su propuesta.

El "desistimiento a participar", comunicado formalmente al Ministerio por BBVA, deja a Santander como único candidato para ofrecer un servicio que ya cubre. El banco presidido por Ana Botín es titular del contrato en vigor, cuyo vencimiento se producirá el próximo 31 de diciembre al no activarse las dos prorrogas anuales contempladas inicialmente en un contrato que fue presentado solemnemente por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a finales de 2014.

Las cuentas pendientes de adjudicación reciben los depósitos y consignaciones judiciales a disposición de la Administración de Justicia en los procesos judiciales.

El servicio incluye tres cuentas de ingresos al Tesoro, una para multas y pagos a favor del Estado, otra para decomisos por narcotráfico y otros delitos relacionados y una tercera para depósitos inadmitidos y desestimados en todo el territorio nacional. A éstas se une otra para canalizar los fondos en abandono no reclamados por sus titulares.

Esta lista se completa con cuentas para juzgados de paz e indemnizaciones y para la Oficina de recuperaciones y gestión de activos.

El Ministerio de Justicia adjudicará los servicios bancarios de alrededor de 4.500 órganos judiciales y más de 8.000 juzgados de paz.

Este contrato permite a Santander España relacionarse con clientes con alto nivel de vinculación, personal de la administración de justicia (jueces y fiscales, secretarios judiciales y resto de funcionarios), así como con colectivos profesionales directamente relacionados con la justicia como abogados, procurados y graduados sociales.

 

 

Font i Foto: Expansion.com