Prohibido pagar comisiones a cambio de clientes

11/10/2017

El Consejo Andaluz de Colegios ha sancionado con una multa de 6.000 euros por ofrecer comisiones al despacho Martínez-Echevarría, que ha recurrido la decisión.

El sector de la abogacía no está dispuesto a que se cuestionen sus estatutos o su código deontológico, por mucho que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya afeado algunas de sus normas, como la que prohibe a un despacho ofrecer o aceptar comisiones a cambio de referir clientes, una práctica muy extendida en cualquier otro mercado.

Así, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) ha impuesto una sanción de apercibimiento y multa de 6.000 euros al despacho Martínez-Echevarría, además de un mes de suspensión en el ejercicio de la profesión al socio director, Vicente Morató, por ofrecer un porcentaje de sus honorarios a asesores, empresas y gestorías de Málaga a cambio de clientes referidos.

El caso viene de lejos y no está exento de dudas y polémica, dado el cruce de resoluciones contradictorias que se han sucedido hasta ahora, con el Colegio de Abogados de Málaga y el Consejo Andaluz de Colegios pronunciándose en sentidos opuestos. Ahora, será la jurisdicción contencioso-administrativa la que tenga la última palabra.

El socio director de derecho público de Martínez-Echevarría Abogados, Jorge Muñoz Cortés (fiscal y magistrado especialista de lo contencioso-administrativo excedente), explica que "la resolución del Consejo Andaluz ha sido recurrida ante el orden contencioso-administrativo", ya que, en su opinión, "adolece de enormes ilegalidades inhabilitantes."

Argumentos

En primer lugar, Muñoz Cortés argumenta que "el expediente se encuentra caducado por excedido el plazo máximo de resolución. En segundo lugar, no existe prueba alguna en el expediente de los hechos que se sancionan. También, y principal, las prescripciones del Código Deontológico de la Abogacía que se aplican están derogadas por ser incompatibles con las sucesivas leyes liberalizadoras de los servicios profesionales".

Sin embargo, el Cadeca no opina lo mismo. Según la resolución, sí queda "acreditada la autoría de una conducta deontológicamente reprobable" que considera "una infracción disciplinaria que se califica de grave por vulnerarse varios preceptos deontológicos".

En 2014, se presentó una queja ante el Colegio de Abogados de Málaga, denunciando que el bufete, a través de un contrato o acuerdo de colaboración profesional, ofrecía hasta un 20% de sus honorarios en concepto de retribución por "introducción del cliente". Desde el despacho, explican que "la denuncia parte de una abogada checa del despacho Ramón Pelayo".

Recorrido

Este organismo hizo una consulta a la CNMC. El regulador respondió que la prohibición de pagar comisiones "no debería ser objeto de regulación por parte del colegio, por cuanto incide en la libertad de actuación de estos profesionales", sin embargo, también recalcaba que era legal: "No sería contraria a la Ley de Defensa de la Competencia".

Sin embargo, el Colegio de Málaga interpretó lo contrario y archivó la queja al considerar que la norma que prohibe ofrecer comisiones "podría suponer una vulneración de las normas de competencia". Aun así, reconoció que las "actuaciones podrían constituir, a juicio de esta junta, una falta deontológica grave". El Consejo Andaluz revocó la decisión y obligó al Colegio a iniciar expediente disciplinario. En la segunda revisión, en noviembre de 2016, se vuelve a archivar. Esta vez porque había quedado acreditada "la conexión entre la presunta infracción y su autor o autores", por lo que no entró a valorar la conducta denunciada.

El caso vuelve a llegar al Consejo Andaluz, que, otra vez, rectifica la decisión del Colegio de Málaga, asegurando que "sí queda acreditada la autoría". Por otra parte, reconoce que no hay pruebas de que esos contratos se hayan ejecutado ni se conoce el volumen del importe, por lo que decide aplicar el principio de proporcionalidad y sancionar con 6.000 euros. Los estatutos del Colegio de Abogados de Málaga estipulan que las faltas graves conllevan multas de entre 1.501 euros a 15.000 euros.