Prohibición de contratar con las Administraciones

30/11/2015

La investigación y sanción de los acuerdos de cártel constituye la principal actividad de la CNMC en materia sancionadora en los últimos años.

 

En los últimos meses hemos asistido a un incremento significativo de las multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "CNMC" por haber vulnerado la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia ("LDC"). Solo en los siete primeros meses del 2015, la cuantía total de las sanciones excedía el importe de 500 millones de euros, cantidad significativamente más elevada que la media existente en los países de nuestro entorno. La investigación y sanción de los acuerdos de cártel constituye la principal actividad de la CNMC en materia sancionadora en los últimos años.

 

Este año será el más sancionador de la historia de dicha institución en sus diversas fases y denominaciones. Ciertamente las multas de alta cuantía generan el tan pretendido efecto disuasorio que las autoridades de competencia nacionales y europeas buscan con el fin de limitar las infracciones de la normativa de defensa de la competencia.

 

El pasado 22 de octubre de 2015 entró en vigor una importante novedad legislativa que supondrá previsiblemente otro gran avance en la consecución del pretendido efecto disuasorio. La Disposición Final Novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, introducida a través de una enmienda parlamentaria durante la tramitación del proyecto de Ley, modifica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ("LCSP"), incorporando en su artículo 60.1.b) una prohibición de contratar con el sector público respecto a las empresas que hayan sido sancionadas por la CNMC o por una de las autoridades autonómicas de la competencia.

 

En relación con esta disposición pueden hacerse las siguientes consideraciones. En primer lugar, el tremendo impacto económico de la medida en especial en relación con la supervivencia de las empresas que contratan casi en exclusiva con las distintas administraciones públicas. La valoración interna que realizarán las empresas de cara a evaluar los riesgos de infracción de la LDC no solo se limitará ya a valorar si se puede hacer frente al pago de una sanción económica de mayor o menor cuantía, sino que se extenderá al análisis del impacto de la prohibición de contratar con las administraciones que podría en algunos casos abocar al cierre empresarial.

 

La prohibición de contratar será operativa y produce efectos con independencia de que la CNMC la incluya expresamente en su resolución sancionadora o no, una vez esta adquiera firmeza. Es la misma Ley la que establece la prohibición, una vez se dan los presupuestos establecidos en la misma.

Dudas

 

Surge el interrogante de que ocurrirá en todos aquellos casos de infracciones de cártel en los que la mayor parte del sector se haya visto involucrado en la infracción y sancionado en consecuencia. Si la prohibición aplica respecto a todos ellos, la Administración podría resultar la más perjudicada con la prohibición e incluso en algunos casos se podría producir una situación de insuficiencia de oferentes para atender las necesidades de aquella.

 

Por otra parte, debe destacarse que el legislador ha decidido a modo de excepción y como muestra de su importancia, que la aplicación de esta prohibición debe entrar en vigor a la mayor brevedad posible. En efecto, si bien la Disposición Final Decimoctava de la Ley 40/2015 establece como norma general un periodo de vacatio legis de un año desde la publicación de la Ley en el BOE, en relación con un número limitado de normas entre las que se encuentra la citada prohibición de contratar con la Administración en casos de sanciones impuestas por los organismos de defensa de la competencia, se prevé su entrada en vigor a los 20 días de la publicación de la Ley en el BOE (es decir, como se ha indicado, entró en vigor el 22 de octubre).

 

En fin, deben destacarse dos efectos resultantes del incremento del efecto disuasorio que resultará de la introducción de esta medida, a saber: por un lado se aumentan los incentivos para recurrir las resoluciones de la CNMC o de autoridades autonómicas con el fin de que las mismas no adquieran firmeza. Si la empresa depende de las ventas a las administraciones públicas hará todo lo posible por posponer la aplicación de la prohibición durante el máximo periodo posible mediante la interposición de todos los recursos disponibles en derecho. De otra parte, incrementa la necesidad de ejecutar programas de cumplimiento con la normativa de competencia. Las empresas pueden así lanzar programas internos de verificación o auditoría, muy sencillos de ejecutar en cortos periodos de plazo, a los efectos de evaluar riesgos, evitar conductas que los planteen y formar a sus empleados en materia de defensa de la competencia, en especial aquellos que tengan o puedan tener contactos con competidores.

 

 

 

Font i Foto: expansion.com