Otoño caliente en los juzgados para la banca

02/10/2018

En unos días, el Supremo se pronunciará sobre la condena a 65 exconsejeros de Caja Madrid y Bankia por apropiarse indebidamente de 12,5 millones con las tarjetas 'black'. Parte de ellos se sentarán en noviembre en el banquillo por irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia. También lo hará la excúpula de Caixa Catalunya por subidas desorbitadas de sueldos.

Por los juzgados han pasado ya más de 300 exgestores de cajas de ahorros para aclarar si hubo responsabilidad penal personal derivada de la gestión de entidades que acabaron rescatadas. Gran parte de dichas denuncias fueron interpuestas a raíz de irregularidades descubiertas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y por Sareb, la sociedad en la que las cajas aparcaron millones de préstamos morosos y de inmuebles.

Quienes estuvieron al frente de CatalunyaCaixa y de Bankia, las dos entidades que recibieron más dinero público durante la crisis en relación a su tamaño (casi 34.500 millones en conjunto), se sentarán en el banquillo este otoño, con apenas unas semanas de diferencia. Rodrigo Rato y Narcís Serra son la máxima representación de la politización de las cajas de ahorros. Ambos fueron vicepresidentes del Gobierno, el primero con el PP y el segundo con el PSOE.

Algunos de los acusados por el llamado caso Bankia, como Rodrigo Rato, José Antonio Moral Santín (consejero en representación de IU) o el exsecretario de Estado de Hacienda con el PP y exconsejero de Bankia Estanislao Rodríguez-Ponga, es posible que tengan que acudir al juicio desde la cárcel. Todos ellos, condenados a prisión por la Audiencia Nacional por la utilización de las llamadas tarjetas black en 2017, están pendientes del fallo del Tribunal Supremo. El expresidente de Bankia fue penado con cuatro años y medio. En su caso, el desembolso que hizo con la Visa corporativa de Bankia, que era opaca al fisco, ascendió a 99.054 euros.

Los acusados confían en que los jueces invaliden la prueba clave, la hoja excel en la que se volcaron los cargos realizados con las tarjetas, y anulen la condena. Pero también es posible que confirmen el delito continuado de apropiación indebida con la misma pena o con una pena inferior, ya que se les impuso el castigo máximo previsto para ese tipo delictivo.

Caso Bankia: La vista oral que dilucidará si los gestores de Bankia estafaron a los inversores con la salida a Bolsa de 2011 comenzará el 26 de noviembre después de cinco años de instrucción. Se calcula que el juicio durará un año. Es decir, más que el juicio de la Gürtel. La juez ponente de la sentencia será Ángela Murillo, la presidenta del Tribunal que condenó a los 65 acusados por la utilización de las tarjetas black. Se sentarán en el banquillo una treintena de exconsejeros y exdirectivos de Bankia. Las acusaciones sostienen que aprobaron la venta pública de acciones de Bankia a sabiendas de que el grupo era inviable. Un año después de la colocación, Bankia tuvo que ser rescatada con 22.424 millones de dinero público. En la lista de procesados se encuentra Javier López Madrid, presidente de Ferroglobe, y el exministro del PP y abogado Ángel Acebes.

Ante el escaso interés del mercado por la colocación, las acciones tuvieron que venderse con un descuento del 74% sobre el valor contable. "Se ocultó lo que eso implicaba: la automática insolvencia de BFA [la matriz] y el daño indirecto sobre Bankia", dice el escrito del fiscal.

Según el juez instructor Fernando Andreu, existen indicios racionales de que las cuentas de Bankia estaban "maquilladas" y de fraude a inversores con la salida a Bolsa. Las acusaciones tienen discrepancias sobre la tipificación de los hechos. La Fiscalía y el Frob consideran que no hay base suficiente para acusar a los exgestores de falsedad contable, porque no se aprecia dolo, y sostienen que los acusados son culpables de un delito de estafa. Solicitan cinco años de prisión para Rodrigo Rato, cuatro años para José Luis Olivas (exvicepresidente), tres años para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y dos años y siete meses para el exconsejero delegado, Francisco Verdú, que actualmente trabaja para ACS en Miami.

Otras acusaciones, en cambio, sí ven la existencia de dos delitos. El sindicato CIC, por ejemplo, pide para Rodrigo Rato una pena de doce años de cárcel.

Al final de la instrucción, el juez decidió procesar también a Deloitte, auditora de Bankia en el momento de la salida a Bolsa. También se sentará en el banquillo el socio auditor, Francisco Celma.

Algunos abogados de acusaciones particulares han solicitado que acudan a declarar como testigos Luis de Guindos, actual vicepresidente del BCE, y Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI).


Caso CatalunyaCaixa: El próximo jueves, 4 de octubre, se juzgará en la Audiencia Provincial de Barcelona a 41 exconsejeros de Catalunya Caixa. Esta entidad fue rescatada por el Frob con una inyección de 12.000 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para Narcís Serra y Adolf Todó, expresidente y exdirector general de la entidad, por aumentar "de manera desproporcionada" los sueldos de la cúpula meses antes de la primera inyección directa de capital del Frob. "Los acusados, sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla, utilizaron los fondos de la entidad en beneficio propio y con claro perjuicio de la compañía, lo cual contribuyó a aumentar su grave crisis financiera", dice el escrito de acusación del Ministerio Público. Todó, que cobraba 684.713 euros en 2008, llegó a tener una retribución de 1,36 millones de euros en 2010. Ambos están acusados de dos delitos de administración desleal.

Además de esta vista oral, Narcís Serra se enfrenta a otro proceso también relacionado con Caixa Catalunya por presuntas operaciones irregulares realizadas por Procam, su filial inmobiliaria, constitutivas de un perjuicio superior a los 720 millones de euros entre 2000 y 2007. El juez instructor exculpó de todos los cargos el pasado junio a ocho directivos por esta causa, entre ellos a Adolf Todó.


Caso Bancaja: El expresidente de Bancaja y de Banco de Valencia, José Luis Olivas, lleva declarando en los juzgados desde 2014 por varias causas. Olivas lo ha sido casi todo en Valencia, incluido presidente de la Generalitat entre 2002 y 2003. En 2017 fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a año y medio de cárcel por falsedad y delito contra la Audiencia Pública por emitir una factura falsa de 500.000 euros por un asesoramiento que nunca realizó.

El próximo 26 de noviembre se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Bankia. En aquellos años era vicepresidente del grupo, que englobaba siete cajas, entre ellas Bancaja. El fiscal pide cuatro años de prisión para él por estafa a inversores.

Hace dos meses, la Audiencia Nacional decidió procesarle, junto a otros 43 exdirectivos de Bancaja y Banco de Valencia, por un presunto desfalco de 750 millones cometido a través de Grand Coral, una sociedad que proyectó inversiones inmobiliarias millonarias en Baja California y en la Riviera Maya. Según los peritos judiciales, ambas entidades concedieron préstamos a varios empresarios hoteleros valencianos "de manera sistemática" y sin racionalidad económica. Según la juez Carmen Lamela, la postura de Olivas como presidente fue "consentidora" de los hechos. El auto subraya que los empresarios valencianos regalaron a Olivas hasta 14 viajes de placer por su actuación. Esta causa está pendiente de señalamiento de fecha de vista oral.


Caso CAM: Roberto López Abad y María Dolores Amorós, los máximos directivos de CAM cuando fue intervenida por estar en quiebra técnica, tienen una condena de la Audiencia Nacional de tres años cada uno por falsear las cuentas de la entidad. Ninguno de los dos ha entrado en prisión porque la sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado. El presidente Modesto Crespo, que no era ejecutivo, fue absuelto en este proceso. Hace unos meses se autoinculpó del cobro de dietas en una sociedad participada de CAM para eludir la cárcel.

López Abad debe enfrentarse en los próximos meses a otra vista oral, todavía sin señalar. La juez cree que CAM concedió créditos irregulares a la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.