La UE marca las reglas de juego a las plataformas colaborativas

14/07/2017
Bruselas, que cuenta con una normativa desfasada, quiere poner orden en las plataformas de economía colaborativa, así como en las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea.

 

Durante muchos años, la Unión Europea ha contado con una normativa un tanto anticuada en asuntos como la protección de datos o las nuevas plataformas de Internet. Sin embargo, el auge de las nuevas tecnologías o las amenazas tanto en el ciberespacio -espionaje, hackeo- como terroristas han provocado que Bruselas tome cartas en este asunto para acabar con el desfase evidente.

 

Entre los avances más sonados encontramos el Reglamento General de Protección de Datos, que será de obligada aplicación el 25 de mayo de 2018. Sin embargo, la UE ha presentado en estos últimos meses diversas iniciativas legislativas que buscan, igualmente, fijar nuevas reglas de juego en diversos asuntos como la mensajería instantánea, las redes sociales o la economía colaborativa.

 

Respecto a este último asunto, el Parlamento Europeo (PE) mira con preocupación los abusos que están ocurriendo en este nuevo entorno, las zonas grises en las normativas que provocan diferencias significativas en las legislaciones aplicables a nivel nacional y local y en la jurisprudencia, y pretende apuntalar nuevas directrices que garanticen el cumplimiento de las normas vigentes por parte de este tipo de plataformas.

 

Economía colaborativa

 

Aunque el PE ha dejado patente, en una resolución aprobada por el pleno, que la economía colaborativa no debe verse como una amenaza, también apunta que se "debe evitar que se apliquen reglas diferentes a servicios similares, tanto en lo referido a acceso al mercado y la fiscalidad, para asegurar condiciones de competencia justa entre los operadores digitales y los tradicionales".

 

Por esa razón, desde esta institución se quieren definir criterios claros para diferenciar entre prestadores particulares -ciudadanos que prestan servicios de manera ocasional- y profesionales; para informar sobre el régimen jurídico aplicable a los usuarios y establecer sistemas efectivos para los procedimientos de reclamación y la resolución de litigios; para precisar el régimen de responsabilidad de estas plataformas colaborativas; fijar las obligaciones tributarias equiparables para empresas que ofrecen servicios similares, sean de la economía tradicional o nuevos modelos de negocio; así como para aclarar las condiciones de empleo de los trabajadores, para que éstas sean justas y respeten el derecho a organizarse y a negociar convenios colectivos.

 

Otro asunto que preocupa mucho en Bruselas tiene que ver con la privacidad de las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos, en especial en los sistemas de mensajería instantánea. Aunque la Comisión acaba de proponer nuevas medidas legislativas para obligar a que las empresas tecnológicas permitan el acceso de las autoridades policiales a los datos de posibles sospechosos, desde el PE se está buscando la manera de incrementar las garantías de los ciudadanos de la UE en este ámbito.

 

Por esta razón, el comité de libertades civiles, justicia y asuntos internos del parlamento comunitario ha presentado un borrador -escrito que debe ser la base para un nuevo reglamento sobre privacidad y comunicaciones electrónicas-, que plantea hacer obligatorio el uso del cifrado de extremo a extremo en todas las comunicaciones electrónicas.

 

El comité considera que este tipo de tecnología, utilizado actualmente en plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, debe ser utilizado para proteger la información sensible de los usuarios europeos, ya sea para no revelar sus asuntos personales, condiciones médicas o preferencias políticas, puesto que la divulgación de estos datos podría suponer un daño personal y social. Sólo se podría romper este cifrado cuando exista una autorización judicial, según la normativa vigente.

 

Según expone el borrador del PE, esta actualización legislativa, que se aplicaría a los proveedores de servicios de comunicación y fabricantes de software, también prohibiría las puertas traseras (secuencia especial dentro del código de programación para evitar las herramientas de seguridad y poder acceder al sistema). Por esa razón, el texto propuesto apunta que los estados miembros no podrán imponer obligaciones a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que puedan implicar un debilitamiento de la seguridad y el cifrado de sus redes y servicios.

 

Otro asunto en el que la Unión Europea quiere poner orden tiene que ver con la ineficaz lucha de las redes sociales frente al discurso del odio y la incitación a la violencia. La Comisión ya mostró su descontento a principios de mayo sobre la falta de reflejos de estas plataformas. Ahora, muchos países, como Francia o Reino Unido, han pedido medidas más contundentes. Sin ir más lejos, en las conclusiones del último Consejo Europeo (22 y 23 junio) se reclamaba a las plataformas de Internet que redoblaran sus esfuerzos para luchar contra este tipo de contenido. El presidente francés, Emmanuel Macron, explicó que es necesario eliminar inmediatamente "todo discurso terrorista y que incite al odio, puesto que se están produciendo retrasos que no son satisfactorios".

 

Implicación

 

Aunque por ahora gran parte de los estados miembros apuestan por solicitar una mayor implicación a las compañías antes de generar una legislación que imponga obligaciones y sanciones a plataformas como Facebook o Google, algunos estados como Alemania ya han tomado cartas en el asunto.

 

En efecto, el país germano acaba de aprobar una nueva normativa en relación al discurso del odio y ésta podría marcar el futuro de la legislación europea. La norma teutona ordena a las redes sociales que eliminen cualquier clase de contenido que sea "obviamente ilegal" en un plazo de 24 horas. La nueva legislación entiende como ilegal el discurso del odio, la difamación, la incitación a la violencia, así como las noticias falsas.

 

El texto apunta que, en casos especialmente complicados, el plazo de 24 horas podría llegar a los siete días, pero también especifica que si estas compañías no eliminan estos contenidos en el tiempo estipulado se podrán enfrentar a multas de entre 5 millones de euros y 50 millones.

 

 

 

 

Font i Foto: Expansion.com