La Justicia será digital...o no será

27/01/2020
En los últimos años, la sociedad ha experimentado importantes cambios que han transformado nuestra forma de relacionarnos con nuestro contexto vital

la posesión de bienes ha desplazado la propiedad sobre los mismos gracias a la extensión de formatos como el renting o el leasing; las apps móviles facilitan todo tipo de gestiones, desde pagar una factura a través del banco hasta encargar la cesta de la compra al supermercado; las reuniones familiares o de amigos son más frecuentes en Whatsapp que en la terraza de un bar o cafetería, y la conexión a Internet es una necesidad tan imprescindible como el agua o el mismo oxígeno que permite nuestra respiración. La digitalización no es ya únicamente un proceso de renovación; es un presente que delimita nuestro horizonte relacional. Un contexto que se ha impuesto sobre los esquemas tradicionales porque, igual que ocurre siempre, el cambio es el resultado de una decisión social de utilidad. No obstante lo anterior, algunos modelos burocráticos -definitoriamente resistentes al impacto de nuevas técnicas- se impermeabilizan al presente tecnológico y, con él, a las exigencias que reclama la sociedad digital. Uno de los ejemplos, aunque no el único, de esta oposición a la digitalización es nuestra actual Administración de Justicia. Porque pese a los esfuerzos e inversiones realizadas por algunos equipos ministeriales, el proyecto de «Justicia Digital» es precisamente eso: un proyecto. Una idea ejecutada en sus primeras y más básicas nociones pero, todavía, menesterosa de puntos tan elementales como conexiones de alta velocidad o comunicación interna de datos y aplicaciones. Las ausencias son tales que, por más que los avances hayan sido destacados en los últimos tiempos, la digitalización de la Justicia es sólo un deseo; no una realidad. Un futuro cercano, sí; pero ante el que todavía se levantan demasiados obstáculos. La Administración Pública sirve al interés general y actúa de acuerdo, entre otros, con los principios de eficacia y coordinación (artículo 103.1 Constitución). Trasladados esos imperativos al tiempo actual, apremia reclamar la conclusión completa y eficaz del proceso de digitalización judicial iniciado -con tantas dudas- años atrás. Igual que ocurre con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, los Juzgados y Tribunales deben convertirse, con mayor razón, en un servicio público tecnológico, transparente y accesible. No es una opción; es mandato que ordenan los nuevos tiempos y una sociedad, la nuestra, que ahora más que nunca exige, en todos los ámbitos de la vida, eficiencia y accesibilidad. Desde el mismo momento de presentación de la demanda o petición, hasta el dictado de la sentencia o ejecución de la misma, la construcción física del expediente judicial debe medirse en bytes y no en folios. Pero no es sólo una cuestión de apariencia. No caigamos en la trampa de la confusión de lo principal y lo accesorio. La digitalización de la Justicia no es un «proceso» individualmente considerado sino un «enfoque», una nueva forma de realizar y entender la aplicación e interpretación de la Ley al servicio del ciudadano. Una idea que todavía exige esfuerzos materiales y personales pero que ya está instalada en una ciudadanía que, no es súbdita de nadie, y cuyo dogma vigente es la pervivencia de lo útil y la extinción de lo ineficaz. Por eso mismo...la Justicia será digital, o no será.

 

Font i Foto: Expansion.com