La abogacía catalana confía en el diálogo como garantía de la convivencia en sociedad

04/10/2017

Tras los hechos acaecidos en la ciudad de Barcelona el pasado domingo 1 de octubre, con motivo del referéndum, tanto el Consell de l’Advocacia Catalana como los distintos colegios de abogados que lo componen han mostrado su rechazo a la desmesurada violencia policial ejercida sobre la ciudadanía.

 

 

El máximo órgano de los abogados catalanes mostraba, a través de un comunicado, su condena a los hechos acaecidos el 1 de octubre en Cataluña y reiteraba, como única salida, el diálogo y la mediación entre las partes como “mecanismos adecuados para llegar a una solución que ponga fin a la actual situación política y social”.

En este sentido, proponía la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat, donde se ofrecía, como representante de toda la Abogacía Catalana, a formar parte y a participar activamente en favor del diálogo y el acuerdo institucional.

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), por su parte, resaltó el carácter plural, reivindicativo y pacífico de la sociedad catalana, así como de sus diversas instituciones, entidades y colectivos que tienen una presencia vertebradora de su personalidad. Por este motivo, hacía un llamamiento a la serenidad y al diálogo como única garantía de la convivencia en sociedad, exigiendo a todos los poderes públicos y políticos anteponer los derechos fundamentales de las personas por encima de cualquier otra consideración.

En este sentido, el ICAB ha previsto la creación de la Comisión independiente para la mediación, el diálogo y la conciliación cuyo acto de constitución tendrá lugar esta mañana en la sede del colegio de abogados de Barcelona.

El Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró mostraba su rechazo y condena a la marcada violencia y actuación desproporcionada de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra la población indefensa. Exigiendo la depuración de las correspondientes responsabilidades, por vulneración de los Derechos fundamentales y las Libertades públicas.