El parsimonioso reloj de la justicia

03/08/2015
Juez y fiscales todavía toman declaraciones a los primeros testigos y la Generalitat ha comenzado esta semana a remitir la documentación exigida

 

Que el tiempo es relativo ya lo definió Einstein, pero que los tiempos judiciales y los políticos son distintos es una constatación empírica. Por ejemplo, mientras ya se avecinan las elecciones del 27 de septiembre, aún está en sus inicios la investigación por la consulta del 9-N. Juez y fiscales todavía están tomando declaraciones a los primeros testigos y la Generalitat ha comenzado esta semana a remitir la documentación exigida, por lo que nada hace pensar que antes de los comicios autonómicos se produzcan grandes novedades en esta causa.

 

Como ya es sabido, la querella de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Artur Mas, la entonces vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau por el proceso participativo se centra en la presunta desobediencia, y los delitos que se desprenden de ella, por la convocatoria de la consulta, después de que el Tribunal Constitucional alertara de su ilegalidad. Y por eso, el núcleo de la discusión está en los actos que llevó a cabo la Generalitat entre el 5 de noviembre (fecha de la resolución del TC) y el 9 (cuando se produjeron las votaciones).

 

A este respecto, el pasado mes de marzo la Fiscalía solicitó a la Generalitat documentación sobre el proceso participativo. Aquí de nuevo vemos otro ejemplo de lo largo que puede ser el tiempo en la justicia: la Fiscalía lo pide en marzo, el juez lo exige en mayo, la Generalitat recibe la solicitud en junio y contesta en la última semana de julio.

 

El interés de los fiscales se centra en conocer diferentes aspectos, relacionados con el costo y la organización de las votaciones. Por ejemplo, cuánto se invirtió en la web oficial del proceso, cómo se elaboraron y por parte de quién las papeletas y las urnas, cómo se adecuaron centros de votación en el extranjero, cuánto se gastó en el recuento de los votos o cuál fue el papel de los centros educativos como lugares para depositar el voto.

 

Los datos ya recogidos por el tribunal no son muchos. Uno de ellos es cuánto costó el recuento, explicado por el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació: se habilitó una partida de 1.200.000 euros, aunque al final sólo se gastaron 698.685, según detalla una factura que obra en la causa. Otro, es que el CIRE, organismo que participa en los trabajos que se hacen en las prisiones cara a la reinserción de los presos, facturó 150.000 euros por sus labores en el proceso, que se centraban en la confección de papeletas y urnas.

 

Por el momento, donde se ha recabado más información es sobre el papel de los IES. La consellera Irene Rigau comunicó a la delegada del Gobierno que el departamento no se implicó en el asunto, según consta en las investigaciones. Pero ha quedado acreditado que los días 16 y 22 de octubre, los servicios territoriales de Ensenyament convocaron reuniones para explicar el proceso a los directores, y que se les instó a que entregaran las llaves de los edificios a los voluntarios que desarrollarían el proceso. Inspectores de Ensenyament advirtieron que esto no tenía cobertura legal y que los responsables de los institutos debían exigir instrucciones por escrito, que no se les dieron. Todo esto está documentado en el TSJC, así como varios correos donde los directores de IES muestran su preocupación por las posibles consecuencias legales de sus actos. Uno depositó las llaves en el servicio territorial a cambio de un recibo sin firmar, y otra se negó directamente a hacerlo. En contraposición, un inspector jefe de Enseyament y otro director de instituto negaron que hubiera presiones en las reuniones celebradas.

 

Así, la querella avanza lentamente, al ritmo judicial, que no tiene nada que ver con el compás político. Son tiempos de magnitud diferente. Es una constatación empírica, como también que cuando el tiempo judicial te alcanza, altera todos los demás.

 

 

Font i Foto: La Vanguardia