El Gobierno recortará el beneficio fiscal de los planes de pensiones individuales

13/10/2020
Subir el IVA a la 'comida basura' y a sanidad y educación privadas, en estudio

 

 

El Gobierno va a reformular la fiscalidad de los planes de pensiones individuales y de los de empresa y recortará la bonificación de los individuales. Así lo están analizando Hacienda y Podemos de cara al proyecto de Presupuestos, según fuentes gubernamentales. La negociación presupuestaria entre PSOE y Podemos, que se viene repitiendo desde el otoño de 2018, y que hasta el momento ha estado contemporizando con las mismas subidas de impuestos que se perfilaron cuando el partido morado no estaba en el Ejecutivo, puede deparar todavía sorpresas. Si hace dos años el partido de Pablo Iglesias proponía suprimir la bonificación a los planes de pensiones y la formación de Pedro Sánchez lo descartó, ahora la propuesta es bien vista entre los socialistas, capitaneados por el ministro de Seguridad Social, adalid de la supresión de la bonificación fiscal de los planes individuales, y que viene pertrechado de todo tipo de estudios de su época de presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que así lo sostienen.

 

El estudio estrella de la Autoridad Fiscal sobre el recorte de bonificaciones fiscales que aconseja acometer dentro de su plan de ajuste del gasto o spending review (ver información adjunta), que inició Escrivá, se ha presentado en julio y pone el foco precisamente en los planes de pensiones privados. Un incentivo que, según la AIReF, le cuesta 1.643 millones al Estado, es regresivo, es decir, favorece en mayor medida a las rentas altas, y está mal diseñado, ya que es un producto financiero que lo que hace es cambiar una modalidad de ahorro por otra, con lo que no genera un aumento de ahorro neto, el objetivo de la desgravación fiscal.

 

La AIReF recuerda que, según datos de Hacienda, el ahorro medio en planes de pensiones privados en personas de 64 años es de 11.000 euros, lo que apenas sirve para complementar la pensión pública. Y, en contra de lo que suele defender el sector, explica que es un producto muy caro, con un "escaso atractivo una vez que se tienen en cuenta los tipos marginales y las comisiones". Las comisiones medias en los planes individuales de pensiones están en el 1,5%. De esta forma, con el nivel de los tipos de interés actuales, un punto y medio se va en pagar comisiones.

 

La AIReF también concluye que las comisiones de los planes individuales están muy por encima de las que se pagan en los países de nuestro entorno, de los fondos de inversión y de los planes de empleo. Y los planes de empresa, a su vez, con más implantación en el País Vasco, tienen un 0,2%–0,3% de comisión. Por lo tanto, la AIReF aconseja al Gobierno que haga una "reformulación completa del beneficio fiscal".

 

Escrivá ha recogido el guante y defendido esta tesis desde el verano con entusiasmo y ha apuntado que gran parte del beneficio fiscal acaba en el sector financiero y es muy escasa la participación de los jóvenes, lo que ha llevado al sector, a patronales como Inverco y Unespa, y a las entidades financieras, a plantear una ofensiva en defensa del ahorro privado.

 

El 10 de septiembre, Escrivá abogó en el Congreso, además, por crear desde la Administración planes colectivos de pensiones de carácter abierto, así como diseñar un nuevo incentivo fiscal que impulse estos planes, fruto de la negociación colectiva, frente a los individuales.

 

Con datos de la AIReF, detalló que las rentas más altas acumulan casi el 70% del beneficio fiscal (1.100 millones de euros), en un contexto en el que los planes de pensiones de empleo han sido entre un 1,6 y 1 puntos porcentuales más baratos que los planes individuales.

 

Escrivá puso de ejemplo el sistema que se ha implantado en Reino Unido, vigente desde 2012, que consiste en que los empresarios inscriben a sus trabajadores en un plan de previsión complementario a las prestaciones públicas y deben hacer aportaciones mínimas siempre que el trabajador también ingrese el porcentaje que le corresponda.

 

El ministro de Seguridad Social planteó esta reforma entre una catarata de propuestas en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, como la de penalizar más las jubilaciones anticipadas de las pensiones máximas o que los autónomos coticen por sus ingresos reales, y fió la de los planes de pensiones, en donde aboga por una revisión completa con supresión incluso de la bonificación de los individuales, a los Presupuestos. Una reforma de calado se presenta prematura en la negociación entre PSOE y Podemos que se quiere que culmine la semana que viene, por lo que fuentes conocedoras sitúan lo que se va a plantear de cara a Presupuestos en un ajuste.

 

Las aportaciones a los planes de pensiones se deducen en la base imponible del IRPF con un máximo de 8.000 euros anuales (según el recorte de la reforma fiscal del PP en 2015) o el 30% de los rendimientos netos del trabajo. Cristóbal Montoro recortó en 2015 el umbral de aportación con derecho a beneficios fiscal, que hasta ese momento estaba en 10.000 euros para partícipes de hasta 50 años y en 12.500 euros para los mayores de esa edad. El ministro lo justificó en que la aportación media anual no alcanzaba los 4.000 euros y que muy pocos alcanzaban los máximos todavía vigentes.

 

El patrimonio de los planes de pensiones ascendía en el primer trimestre a 106.231 millones de euros. El número de cuentas de partícipes en este periodo se situó en 9,5 millones, por lo que Inverco estima que unos 8 millones de personas cuentan con estos vehículos de ahorro, al tener algunos partícipes más de un plan. Los planes individuales tienen casi 7,5 millones de partícipes; los de sistemas de empleo, 1,97 millones, y el sistema asociado cuenta con unas 55.600 cuentas.

 

El Gobierno estudia implantar un IVA del 21% para la sanidad y educación privadas, una medida que contempla introducir en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 tras analizar las medidas de recorte de beneficios fiscales propuestas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Esta medida se está analizando, pero las fuentes citadas tienen dudas de que finalmente prospere. Sí que tiene más visos de implantarse el castigo fiscal que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quiere imponer a la denominada comida basura y a las bebidas azucaradas.

 

Gravar al 21% el IVA de la sanidad y educación privadas, ahora exentas, es una de las opciones que baraja el equipo formado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, que debaten la posibilidad de eliminar determinadas exenciones en el pago del IVA. Fuentes del Ejecutivo señalan que se han discutido y analizado "todas las medidas" del documento de la AIReF, que calculaba que el coste fiscal para de la exención del IVA a la educación y a la sanidad privadas era de 1.694 millones y 1.763 millones de euros, respectivamente.

 

Sin embargo, a diferencia del beneficio fiscal de los planes de pensiones, que la AIReF insta a reformular de forma completa, la Autoridad no llega a un dictamen concluyente en el caso del IVA de la sanidad y educación privadas y alerta de que "de levantarse la exención el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA, podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público. Con un resultado sujeto al heterogéneo abanico de elasticidades que se han encontrado".

 

Así, también advertía, en el caso de la educación, de que parte del alumnado que ahora cursa sus estudios en la privada pasaría al ámbito público al incrementarse el coste por la aplicación del IVA, lo que conllevaría para las arcas públicas un incremento del gasto de al menos 1.891 millones, es decir, 197 millones menos para las arcas del Estado. La escuela privada tiene más de 590.000 alumnos y sus centros recaudan 10.0590 millones.

 

En cuanto a la traslación de parte del consumo sanitario privado por servicios financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), y por ende por las arcas públicas, supondría alrededor de 2.145 millones de euros, con lo que el resultado de fijar un IVA del 21% a la educación y sanidad privadas podría conllevar una merma de alrededor de 380 millones de euros para las arcas públicas, según la AIReF.

 

El sistema sanitario privado atiende cada año a 8,7 millones de pacientes y ahorra al sistema público un total de 4.949 millones de euros (564 euros por asegurado). Así lo atestigua el informe Sanidad privada, aportando valor: análisis de situación 2020, elaborado por la Fundación IDIS.

 

De eliminarse finalmente estos beneficios fiscales a la educación y la sanidad privada, podrían verse afectados por la aplicación del IVA al 21% actividades privadas como las clínicas de salud, los colegios privados, los laboratorios, las autoescuelas y los centros de formación. Lorenzo Amor, presidente de ATA, alertó ayer en Twitter del daño que esta medida ocasionaría en muchos autónomos y de que incrementaría la economía sumergida.

 

Por su parte, Alberto Garzón planteó ayer en RNE que el Gobierno está "negociando" aumentar el gravamen sobre bebidas azucaradas "no con ánimo recaudador, sino desincentivador" preguntado por este segmento que ya grava Cataluña. Desde Consumo trasladan que el enfoque es más amplio y se dirige a la comida que puede perjudicar a la salud, por dirimir si se aplicará una subida del IVA del 10% al 21% o un nuevo impuesto, como en Francia y México.

 

 

 

Editorial / Página 2

 

 

 

PRESUPUESTOS DE 2021/ ALZAS FISCALES/

 

El Ejecutivo va a reformular la fiscalidad de los planes de pensiones y recortará la bonificación de los individuales. Lo están analizando Hacienda y Podemos a instancias de la Seguridad Social y de la AIReF.

 

El beneficio acaba en el sector financiero y la participación de los jóvenes es escasa, añade Un IVA a la sanidad privada provocaría un mayor coste para el servicio público, alerta la AIReF

 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y líder de Podemos, y Alberto Garzón, ministro de Consumo.

 

Efe Javier Barbancho

 

El Gobierno estudia implantar un IVA del 21% para la sanidad y educación privadas, ahora exentas, y quiere plantear un castigo fiscal a la 'comida basura' y a las bebidas azucaradas.

 

Cuesta 1.643 millones al Estado, favorece a las rentas altas y según Escrivá no genera ahorro netoMercedes Serraller. Madrid M. S. Madrid